Ramirez Cuellar propone reforma que permita al INEGI ingresar a domicilios para verificar su patrimonio inmobiliario

El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que que el diálogo y el Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional deben reconstruirse.

A través de un comunicado, el presidente de Morena informó que de acuerdo a un análisis hecho por diversos especialistas, se concluyó que el acuerdo nacional implica modificaciones fundamentales al sistema jurídico.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance.
Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza.
La información por Deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X Decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.
El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

El punto 5 propone darle más facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE):

La Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana.

El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.
Buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.